Yucatán

Analizan dotar de autonomía a la Vicefiscalía de Anticorrupción.

En la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes analizaron la iniciativa para reformar la Constitución Política de Yucatán, suscrita por el Ejecutivo estatal, para dotar de autonomía a la ahora Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y se convierta en Fiscalía, con presupuesto propio y autonomía técnica y de gestión total.

Silvia López Escoffié (MC), señaló que se debe hacer un profundo estudio a esta propuesta, porque actualmente los organismos autónomos cuentan con alrededor de $30 millones de pesos para ejercer en un año, por lo que no se podría tener otro más con este presupuesto; al igual que comentó que solo se han resuelto dos casos en año y medio que está en funciones la Vicefiscalía.

En su turno, Luis Borjas Romero (PRI) presentó una propuesta para que no sea ratificado el titular de dicho organismo después de siete años en función, porque la iniciativa menciona que el Vicefiscal en turno puede reelegirse por un periodo de siete años más.

Alejandro Cuevas Mena (PRD), argumentó que la iniciativa sí necesita un análisis más profundo pero aclaró que brindarle autonomía a dicho organismo, lo haría independiente del Fiscal General del Estado y del Poder Ejecutivo.

En otro punto, se aprobó por mayoría desechar la iniciativa de Morena para reformar la Constitución Política del Estado, para reducir las prerrogativas de los partidos políticos hasta en un 50%, al determinar que es inconstitucional, como lo estableció una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque las entidades no tienen libertades para la reasignación de los recursos económicos a dichos institutos.

Durante la discusión del tema, Miguel Candila Noh (Morena) solicitó que se amplíe el análisis de la iniciativa y no se dictamine en estos momentos, además de que existe una propuesta ciudadana, presentada en el Senado de la República para reducir el presupuesto a los partidos políticos; además, Silvia López Escoffié (MC), apoyó la iniciativa de Morena, porque a nivel nacional su bancada tiene la propuesta de no entregar financiamiento a estos institutos.

En contraparte, Rosa Díaz Lizama (PAN) recordó que en 2017, el Congreso de Yucatán hizo una reforma que establecía reducción al recurso público para los partidos políticos, la cual fue desechada por la mencionada resolución de la SCJN, por lo que aprobar una propuesta similar, sería cometer el mismo error.

Cuevas Mena (PRD), agregó que fue el partido Morena quien impulsó el amparo avalado por la SCJN, por lo que es prudente que se someta a consideración desechar la iniciativa; de la misma manera, Borjas Romero (PRI) informó que apenas el 5 de septiembre del año en curso, se presentó una sentencia de la SCJN, para un caso similar en Tabasco.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI) añadió que a la resolución mencionada anteriormente, se suman otras sentencias de varios años para diferentes entidades, por lo que “no es un tema que no se haya discutido en este país”.

Como tercer asunto, también se discutió la iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado, de Movimiento Ciudadano, para que se establezca y precise como objetivo fundamental del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el erradicar de los órganos de Gobierno, las prácticas de corrupción realizadas por servidores públicos y particulares, a través de políticas de prevención, identificación y sanción.

Sobre el tema, Díaz Lizama propuso analizar la viabilidad de la  iniciativa, toda vez que la modificación a la fracción III del artículo 43 bis que menciona que la Auditoría Superior del Estado (ASEY) investigue actos de corrupción, podría resultar inconstitucional, porque la Carta Magna Mexicana establece que la facultad de investigar los delitos, incluyendo de corrupción, es facultad del Ministerio Público y la Policía.

También podría resultar inconstitucional, continuó, modificar el artículo 101 bis para establecer objetivos del SEA, porque sus bases están plenamente definidas en el artículo 113 de la Carta Magna Mexicana y en Yucatán se homologó los parámetros con la nacional.

En respuesta, Miguel Candila indicó que la ASEY debe ser la encargada de investigar y denunciar ante las autoridades correspondientes, para validar que hizo un trabajo correcto.